Con los Sanitarios en la calle, reclamando por mejores condiciones para el desarrollo de su tarea de cuidados, en plena crecida de la curva de contagios post-navidades, apenas el 5% de las dosis proveídas han sido administradas en la Comunidad de Madrid.
La tumba de la COVID no será Madrid
Ayuso y sus socios de gobierno siguen adelante con su hoja de ruta. Nada los detiene. Parecen torpes e incompetentes, pero son altamente eficientes al servicio de los intereses a los que sirven.
Todas las estadísticas hablan a las claras de la coherencia en la aplicación de su programa de gobierno, que más bien podríamos definir como un plan de negocios.
Primeros en contagios, en desmantelamiento del sistema de atención primaria, en temporalidad y precariedad en la contratación de personal sanitario, y un largo etc.
Injusto sería decir que la debacle madrileña del sistema público de salud comienza con la administración Ayuso-Aguado, pero está claro que, a pesar de la fragilidad que desnudó la pandemia, el tándem PP-C´s ha pisado el acelerador a fondo en la profundización de la política de mercantilización del sector sanitario.
La inversión millonaria en un hospital-nave industrial, más parecido en prestaciones a un hangar “almacén de camas” que a un centro sanitario de alta complejidad. Una infraestructura «sin terminar, sin pacientes, sin personal» y el «sobrecoste de más del doble de lo anunciado inicialmente y con contratos a empresas que son cuestionados», tal y como lo denuncian sindicatos, asociaciones sanitarias y oposición, mientras se mantienen cerradas Unidades de Cuidados Intensivos en hospitales públicos.
EL Hospital Isabel Zendal ha costado el doble de lo proyectado, 100 millones de euros frente a los 50 millones proyectado, inaugurado con 288 camas de las 1.000 previstas inicialmente y con una dotación que apenas llega al 15% del personal sanitario que se requiere según sus propias previsiones.
Aunque parezca ya lejano, no podemos dejar de mencionar la escandalosa contratación por la vía de urgencia del grupo Quirón Prevención S.L. para realizar un servicio de rastreo, a cargo de un equipo de veintidós sanitarios durante los meses del verano, que a poco de comenzar se mostró insuficiente.
Adentrados en el invierno, y en lo que algunos ya denominan la tercera ola de esta pandemia, la campaña de vacunación comienza en Madrid con otro contrato a dedo, que concede a la Cruz Roja 804.098 euros para dar un servicio de apoyo a la vacunación de la COVID-19., aportando doce equipos de enfermeras con experiencia en la administración de vacunas.
Nuevamente se recurre al sector privado, en lugar de reforzar la Atención Primaria, tal y como vienen reclamando los colectivos profesionales.
Según la Unidad responsable de la Estadística del Gasto Sanitario Público, dependiente de la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de Sanidad, en su último dato disponible del año 2018, ya se muestra la Comunidad de Madrid como una de las tres comunidades con menor gasto sanitario público, con un gasto de 1.274 euros por habitante, sólo por delante de Andalucía (1.212 euros por habitante) y por detrás de Canarias (1.399 euros por habitante).
Cuando estemos frente a los datos del 2020, no sería de extrañar que esta infrafinanciación del sistema público de salud se haya profundizado.
Con los Sanitarios en la calle, reclamando por mejores condiciones para el desarrollo de su tarea de cuidados, en plena crecida de la curva de contagios post-navidades, apenas el 5% de las dosis proveídas han sido administradas en la Comunidad de Madrid.
Nada de esto es disfuncional al plan de gobierno que lleva adelante la actual Administración autonómica. Nada es una desviación de los objetivos, todos ellos al servicio de un capitalismo de amiguetes; ese paradigma tan característico de las administraciones neoliberales, consistente en forrar a unos pocos con los recursos de todos, tirando de fondos públicos para alimentar sus negocios.
Que nadie se llame a engaño, ni Ayuso ni Aguado son torpes milenials desbordados por su inexperiencia institucional o su enciclopédica ignorancia política. Son los participes necesarios del delito de prevaricación, imprescindible para profundizar el modelo de saqueo en un momento en que la emergencia de lo inesperado clama a gritos ir en la dirección contraria.
Lo llamativo es que, salvo los colectivos directamente implicados en la economía de los cuidados, asistimos perplejos e inermes al espectáculo de la devastación de un sistema que se llevará mas temprano que tarde nuestras vidas por delante.
La oposición en la Asamblea, mas allá de las interpelaciones en un tono más o menos bronco, parece asintomática. El Profesor Gabilondo, del cual lo más significativo que conocemos es que no es Iñaki, ni está ni se le espera.
Una vez más, somos nosotros, la ciudadanía de a pie, a través de sus redes y de sus organizaciones la que debe tomar las riendas de la lucha por lo común. De no acudir al llamado, la COVID, o una próxima pandemia, será la tumba de muchos, y la tumba de estas pestes no será Madrid.
