Los indicadores de una vida digna, entendida esta como una vida que valga la pena ser vivida, hace tiempo que dan cuenta de una alteración grave al interior del sistema económico que la sostiene.
No saber si pasaremos del ERTE al ERE, si llegaremos a pagar la letra, el alquiler o la calefacción (esto en caso de disponer de una vivienda); no tener idea de si volveremos a trabajar alguna vez, si podremos brindar a quienes están a nuestro cargo unas mínimas condiciones de dignidad, no mañana, hoy.
No es el artículo 116 de nuestra Constitución el que define el estado en que vivimos, es la precaria concreción de derechos fundamentales, civiles y sociales que nos promete el resto de su articulado el que mejor define nuestro estado de alarma. Derecho al trabajo, a una vivienda digna, al desarrollo pleno de la personalidad, etc.
La alarma es por definición un mecanismo que se activa cuando los indicadores del funcionamiento de un sistema muestran una alteración que advierte de un peligro potencial.
Los indicadores de una vida digna, entendida esta como una vida que valga la pena ser vivida, hace tiempo que dan cuenta de una alteración grave al interior del sistema económico que la sostiene.
El casi “empate social”, fruto de las políticas intervencionistas que acarrearon cambios económicos, institucionales y sociales, desde mediados de los `50 hasta la crisis de los ´70, viene siendo derribado desde hace casi cuatro décadas.
Bien asentadas están a estas alturas las bases para el empobrecimiento de sectores medios y populares en beneficio de los grandes grupos de concentración económica.
Se profundizan las asimetrías y estallan las expectativas de movilidad social desarrolladas en nuestro imaginario.
La precarización de las relaciones laborales y la caída del salario real han sido la punta de lanza de las políticas que impulsaron una distribución regresiva del ingreso. A la vista están las fracturas sociales y los quiebres identitarios que produjeron esas políticas; esto es, la pérdida de aquellos anclajes colectivos que configuraban la identidad de los sujetos, referidos al mundo del trabajo, la política y las instituciones.
Además de la brutal transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía.
Por seguir reseñando indicadores, no podemos obviar:
- El componente de género en la desigualdad: Con menos ingresos y más cargas sobre sus espaldas, las mujeres constituyen el colectivo más afectado por la desigualdad global.
- Servicios públicos adelgazados: Acumulando décadas de un déficit crónico de financiación, caracterizado por la prestación tercerizada mediante empresas privadas.
- Regresividad fiscal: Las grandes fortunas disfrutan de los niveles impositivos más bajos de las últimas décadas, recayendo el peso fiscal de manera desproporcionada sobre los sectores medios y populares, disminuyendo la disponibilidad de recursos públicos para servicios básicos como la educación y la salud.
- Brecha en la esperanza de vida: Acceso desigual a las condiciones para gozar de buena salud y tener una mayor expectativa de vida. Entre las comunidades pobres y las más prosperas la brecha puede ser de entre 10 y 20 años.
La alarma se ha activado hace tiempo, como mecanismo de respuesta al descontrol escandaloso de estos indicadores, pero nos hemos acostumbrado a vivir en estado de alarma.
Un hábitat expoliado hasta el límite de sus posibilidades, sin opción de futuro, ya no para las generaciones venideras, sino para nosotros mismo.
Sin embargo, tenemos la extraña ilusión de que no pasa nada, que no es para tanto, que al final, un poco más incómodos, un poco más a la intemperie, con pocas certezas sobre el futuro, por no decir ninguna, aún seguimos aquí, poniendo parches a una barca que se hunde.
