La pandemia de coronavirus ha puesto frente al espejo a la sociedad en no pocos ámbitos que se consideraban inamovibles. Uno de ellos es la falsa creencia de la opinión pública sobre la estabilidad laboral de los profesionales sanitarios y trabajadores/as de los servicios públicos. Todos hemos sido testigos de como enfermeras, médicos y todo tipo de personal de los servicios de salud, que literalmente se juegan su salud y la de sus familias en primera línea contra el Covid-19, son despedidos, temporales o viven una situación laboral de gran precariedad que parte de la sociedad desconocía. Muchos de los que hoy son aplaudidos desde las ventanas, mañana serán despedidos y ni siquiera saben qué será de su futuro.

Pero ¿cómo es posible que profesionales que llevan toda su vida profesional ejerciendo y dedicándose al sector sanitario en los servicios de salud vivan esta temporalidad tras años de profesión? Detrás de esta realidad existe un sistema de abuso de temporalidad y fraude de ley que las Administraciones Públicas comenten conscientemente. No es además algo excepcional: un 26,8% de los trabajadores/as del sector público, 862.800 personas, ejercen con un contrato temporal, superando la tasa de temporalidad del ya de por sí precario sector privado. En sanidad la tasa alcanza el 37% y es algo generalizado en todo el Estado y administraciones.

Además, dicha temporalidad no es “provisional”: estos profesionales concatenan uno o varios contratos temporales (cientos, en muchos casos) durante años y décadas. Por ejemplo, en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, un 79,2% de los trabajadores/as temporales (que son el 28% del total) tienen una relación laboral con su empleador superior a los cinco años. Este es el perverso uso que se hace de los contratos interinos y eventuales: una auténtica lacra de precariedad y abuso de la temporalidad de la que conscientemente abusan las administraciones.

Teóricamente, en el sector público, cuando se tiene la necesidad de un puesto de trabajo, se crea una plaza vacante en plantilla. Por supuesto, el acceso a ese puesto debe ser objetivo, con procesos que cumplan criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Es el caso de uno de los más conocidos sistemas de acceso: las oposiciones. Pero estos procesos necesitan de unos tiempos suficientes para su organización y tampoco pueden responder a necesidades urgentes concretas (bajas, acúmulo de tareas, etc). Ahí es donde entra el contrato interino o eventual: hasta que esa plaza se cubra de forma definitiva, con contrato un fijo (por un funcionario) o se necesite, exclusivamente por los criterios urgentes mencionados, podrá ser ocupada por un trabajador/a de forma temporal. También este acceso se rige con procesos selectivos reglados, cumpliendo, como dice la Constitución con los criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad: bolsas de trabajo puntuadas, algunas formadas con aprobados de oposiciones sin plaza, etc. Es decir, estos temporales no acceden “a dedo” y también pasan un proceso público objetivo igual para todos/as.

Según la Ley que rige la ordenación laboral de los trabajadores públicos, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) el tiempo máximo que puede demorarse una plaza en ser cubierta por un contrato fijo (funcionario) es de tres años. Es decir, teóricamente (porque no se cumple) no podría existir un temporal en la Administración con más de tres años de antigüedad. Pero aquí llegamos al primer incumplimiento: las “oposiciones” (procesos selectivos) que no convocan las Administraciones Públicas. Desde siempre, las AA.PP. han podido utilizar con total discrecionalidad la convocatoria de dichos procesos, lo que ha provocado décadas sin oposiciones (en algunas categorías profesionales nunca ha existido si quiera oposición) o ofertando las plazas que consideraban, sin cumplir los requisitos de las vacantes antes mencionados. Es decir, la inexistencia de convocatorias o convocatorias con un nº de plazas irrisoria, lo que ha imposibilitado el derecho de obtener fijeza a los trabajadores/as.

¿Qué ocurre mientras tanto? Que la plantilla se completaba con contratos temporales, obviamente saltándose los tiempos y criterios (bajas, refuerzos…) para los que están previstos los contratos de interinidad: se cubren plazas estructurales y necesarias de la plantilla con temporales, que realizan durante años exactamente el mismo trabajo que compañeros fijos, pero con un contrato precario y sin posibilidad real de que eso cambie (por falta de convocatorias o plazas convocadas).

Sin embargo, no existe en la Ley una sanción a la Administración incumplidora, que puede aludir todo tipo de escusas (presupuestarias, “crisis”, etc) para organizar o no a su capricho estos procesos selectivos. Esto provoca situaciones de enorme inestabilidad, precariedad e incertidumbre. En el sector privado, una vez un trabajador/a firma dos contratos temporales o supera los 24 meses de 30 de relación laboral temporal con un empleador -aunque no es extraño que se incumpla- sí existe en la Ley protección para evitar el abuso de temporalidad, que otorga a ese trabajador/a la posibilidad de exigir sus derechos, principalmente el contrato fijo. Al no existir en el sector público, ese trabajador/a queda totalmente desprotegido.

No es raro conocer casos de enfermeras que llevan décadas concatenando cientos de contratos, cubriendo fines de semana o siendo llamadas para cubrir días sueltos. Tampoco médicos que renuevan de año en año, cambiando de destino cada vez, sin saber qué ocurrirá al siguiente. O el ejemplo de la primera línea contra el Covid-19, los médicos de urgencias de la Comunidad de Madrid, en un 90% temporales tras 20 años sin oposición. O casos como el Hospital de Toledo, donde hay más trabajadores temporales que fijos. O técnicos y auxiliares de todo tipo, a los que contrataron como interinos hace más de una década y no saben si el año que viene seguirán o no con trabajo, porque, como indicábamos, existe discrecionalidad total por parte de la Administración con estas plazas: puede convocar, despedir, etc cuando quiera, desposeyendo así al trabajador de sus derechos.

Estos ejemplos no se quedan solo en el sector sanitario: Hay casos igual de comunes y extendidos también entre los profesores y profesoras interinos, personal de Ayuntamientos y Comunidades, de justicia, de Administración general, etc: afecta de forma trasversal a todos los servicios públicos.

Es sencillo comprender la inestabilidad e incertidumbre de esta situación, que, obviamente no es exclusiva de los trabajadores públicos, pero no deja de ser cínico que la Administración, el supuesto garante de que una empresa privada no cometa esos abusos, sea el mayor abusador laboral de los trabajadores/as. Además, la Inspección de Trabajo se declara no competente en estos casos, ya que la propia Administración no se puede investigar a sí misma, argumentan.

Y es que este abuso no es casual: es obvio que la precariedad otorga ventajas al empleador. En el caso de los interinos, citamos algunas características que convierten a este tipo de contrato de trabajo en uno de los más precarios que conocemos:

– El despido es discrecional, pueden “amortizar” una plaza vacante cuando quieran (lo que favorece recortes y privatizaciones) y no existe indemnización ninguna por el despido: es libre y gratuito. Hay, por ejemplo, casos sin sanción alguna de trabajadoras “amortizadas” (despedidas) tras un embarazo.

– Al no tener condición de fijo en una plaza, ese trabajador/a puede sufrir movilidad de destino. No es raro de esta forma que los temporales abusados vaya cubriendo las plazas con peores condiciones y mayores dificultades ya que, lógicamente, los trabajadores/as fijos tienden a elegir plazas con mejor situación. Este caso se ve muy claramente con el ejemplo de los profesores/as interinos, rotando en los colegios más lejanos o con menores presupuestos.

– Las bolsas de trabajo contienen clausulas sancionadoras: si alguien de la bolsa rechaza uno de estos contratos temporales, por ejemplo en un destino lejano, de corta duración o como sea, es sancionado y no vuelven a llamarle en un año y medio (dependiendo de la Comunidad Autónoma).

– Tienen menos derechos y salario que un fijo: menores complementos salariales, no tienen derecho a carrera profesional, excedencias, etc. También al ser contratos “flexibles” por tiempos determinados, evita pago de vacaciones, bajas como embarazos, etc.

– Al ser temporales y fácilmente “despedibles” se produce una situación de mayor sumisión ante los superiores, uno de los conceptos que con la creación de la figura del funcionario se pretende evitar.

– Y por supuesto, el mantenimiento en el tiempo de todo lo anterior con total discrecionalidad, arbitrariedad y sin límites por parte del empleador (la Administración).

Los trabajadores/as afectados se han organizado en sindicatos, asociaciones, etc en todo el Estado para exigir sus derechos. Muchos de ellos, denunciando judicialmente su situación. Y existen multitud de casos en los que los jueces fallan a favor de los trabajadores, sentenciando su caso como abuso de temporalidad y fraude de ley. Pero al no existir en la Ley contenido que solvente o evite esta forma de actuar de las administraciones, no se ha resuelto de manera efectiva el problema: la conversión a contrato fijo. Aunque sentencia a sentencia se ha ido ganando en derechos y protección (por ejemplo en la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2018) la incertidumbre legal e inestabilidad sigue siendo enorme. En una de las demandas, juezas de la Comunidad de Madrid, observando esta situación, elevaron distintas cuestiones prejudiciales (dudas) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Y es que otro actor relevante en este conflicto han sido distintas instancias de la Unión Europea, en cuya Ley 1999/70/CE, de obligado cumplimiento para los estados miembro, se incluyen clausulas para evitar estos abusos. La movilización de los trabajadores/as no ha sido pasada por alto en la UE, sancionando y reprobando dicho comportamiento del Estado español, por ejemplo en 2016 y 2018, posicionándose a favor de terminar con el abuso y la conversión de los afectados/as en trabajadores/as fijos, e incluso apercibiendo con multas al Estado español de seguir dicho comportamiento. Es entonces cuando en 2018, el Gobierno del PP junto con algunos sindicatos pactaron solventar esta situación enquistada durante décadas -no hay más que ver que la mencionada Ley europea es de 1999 y nada se ha hecho- convocando oposiciones de forma masiva en todas las Administraciones, para de esta forma intentar rebajar el porcentaje de temporalidad del 26% actual al 8%.

El pacto puso en pie de guerra a los afectados, que lo califican como un ERE encubierto, pues pone al borde del despido a más de 600.000 trabajadores de todas las administraciones. El 15 de febrero miles de temporales de todas las administraciones llenaron la Puerta del Sol en una manifestación en Madrid. El problema es que estas mal llamadas “ofertas de estabilización” no estabilizan a las personas, si no las plazas: una plaza de temporal se convierte a una plaza de fijo, pero no tiene porqué ser ocupada por el trabajador/a temporal abusado durante años. Los procesos son eliminatorios y de resultado incierto, por lo que en todo caso no estabiliza ni solventa el abuso cometido. Es más, por la propia lógica del tiempo en el que se ha sufrido el abuso de temporalidad, el trabajador/a está en un momento de su vida laboral y personal que le impide enfrentarse con garantías a estos procesos para mantener su puesto de trabajo: con ejemplos reales, entre el 70%85% de los interinos no los superan. Además queremos hacer notar que las mujeres están especialmente afectadas por esta precaria situación: en sanidad, educación y justicia son el 71% del personal. Si se mantienen los servicios públicos es gracias a las mujeres.

Hasta ahora, como se preveía desde el anuncio de estos procedimientos, su ejecución está siendo un fracaso: la tasa de temporalidad no deja de aumentar y la incertidumbre, complejidad y problemática se evidencia. Es obvio que esta solución es errónea, pues tratan de solventar un problema de abuso de temporalidad ya cometido con miles y miles de trabajadores, con las herramientas no apropiadas: sirven para organizar el acceso de nuevos trabajadores/as, no estabilizar. Si lo que se quiere es terminar con la temporalidad, es correcto que en adelante se revise y cumpla la metodología de acceso oportuna pero ¿qué ocurre por tanto con los/as que ya han sido abusados? La solución obvia es la fijeza, pero de cara a la opinión pública, distintos Gobiernos y algunos sindicatos “venden” estos procesos como un éxito de creación de empleo, cuando en realidad, la enorme mayoría de las vacantes ofertadas ya están ocupadas. Es decir, significa despedir a una persona (con años de experiencia) por otra. Además, se genera una dependencia y fidelización al mantener la incertidumbre y temporalidad con muchos opositores/as y trabajadores/as (cursos, anuncios de convocatorias, etc).

Recordamos que los trabajadores/as interinos ya accedieron superando procesos selectivos de distinto tipo. Además es ilógico que se “diga” a un trabajador/a que tras 5, 10, 15 años en su puesto ¡no es apto para el mismo! Si ya ha estado ejerciendo dicho empleo. Si realmente no es apto ¿quién es responsable en la Administración de que ya haya estado ejerciendo años? ¿No tiene derecho a un puesto fijo en la plantilla cuando, de facto, ha sido parte de la misma ya cumpliendo los famosos requisitos, en muchos casos incluso aprobando varias oposiciones sin suficientes plazas? Es un contrasentido. La única solución lógica es la estabilidad, el contrato fijo, para todos los afectados/as.

Este problema no solo atañe al trabajador/a abusado. La precariedad se extiende a la propia provisión de los servicios públicos. Así, con plantillas “flexibles”, recortables y privatizables, con trabajadores/as que no tienen derechos de estabilidad o protección, es muy sencillo privatizar servicios completos o recortar, y por tanto empeorar el servicio, a discreción del gestor de turno. Si con estos procesos trabajadores/as temporales son despedidos, la Administración pierde profesionales muy formados, que han aportado con esfuerzo y diligencia, en las peores condiciones, su capacidad para el servicio público con toda la sociedad.

Este sistema de abuso también ha producido el resquebrajamiento de las plantillas. La nefasta gestión de acceso al empleo público y esta enorme temporalidad también produce el recorte de las plantillas: no se crean plazas nuevas ni se cubren bajas o jubilaciones, con lo que los servicios han ido perdiendo trabajadores/as mientras se exprimía la temporalidad. Además, ha causado claramente un enorme envejecimiento de las plantillas, que supone un problema para la estabilidad de las administraciones, debido a la enorme temporalidad entre los trabajadores/as más jóvenes.

edificio tribunal de justicia europeo
Tribunal de Justicia Europeo

Volvemos a la Unión Europea. En marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó su esperada sentencia en respuesta a las cuestiones emitidas desde Madrid. El TJUE afianza argumentos en favor de los trabajadores/as abusados: deja claro que el Estado español comete abuso de temporalidad, que las oposiciones no son una medida efectiva y disuasoria para solventar el abuso y no exime de tomar otras medidas que sí lo sean. No determina fijeza “directa” (ni lo contrario), sí que pueda haber indemnizaciones, pero en todo caso vuelve a dejar la “pelota” en el tejado de los jueces nacionales, que tendrán que interpretar su sentencia para aplicar jurisprudencia. A pesar de dar un espaldarazo en los argumentos de los interinos abusados, no concreta una solución, por lo que la judicialización del conflicto (recordemos que esto se aplica solo a demandantes en los juzgados) continua a día de hoy, a expensas de más sentencias de jueces nacionales.

La fijeza no es solo posible, es oportuna:

1) No tiene impacto económico para las arcas públicas, pues los afectados ya son parte de la plantilla desde hace años.

2) De hecho, evitará el coste de las más que posibles sanciones e indemnizaciones que, como ya indica el TJUE, tendrá que pagar la Administración a los trabajadores/as que hayan demandado. Por algo tan ilógico como perder profesionales formados y experimentados, que a su vez requerirá de mayor gasto por la obvia perdida de productividad en el servicio.

3) Existen procedimientos legales que puede ordenar el Estado junto con las Comunidades Autónomas para hacerlo: fijeza directa o reglar concursos extraordinarios como se ha propuesto en varias Comunidades. Un antecedente muy claro se produjo en 2001: argumentando la excepcionalidad de la situación, se realizó un proceso extraordinario que convirtió a más 37.000 temporales de la sanidad en fijos. Es curioso leer el BOE donde se publicó: describe la grave situación que la temporalidad provoca en los servicios públicos y se incluía un compromiso de reducirla al 3% por parte de la Administración y los sindicatos firmantes…

En todo caso, estos procesos se pueden y deben reglar para no dejar a ni uno de los abusados atrás.

4) No colisiona con el manifiesto derecho de acceso a una plaza pública vacante para cualquier ciudadano: España es uno de los países con menor tasa de empleo público de Europa, por lo que es oportuno y existe presupuesto, necesidad y posibilidad de aumentar las plantillas, recortadas y al límite, de los servicios públicos y ofertar esas nuevas plazas a todo aquel que quiera optar libremente a estas, sin afectar al derecho de estabilidad de los interinos abusados.

Esta no solo es una lucha de los trabajadores, también lo es de los ciudadanos a los que dan servicios básicos. No es una lucha solo judicial, o no debería serlo: los procesos judiciales son inciertos, muy caros y muy largos en el tiempo, lo que aumenta el estrés y la mala situación de la realidad precaria que viven los afectados. Por eso, terminamos haciendo un llamamiento a la lógica y la cordura: evitemos la judicialización del conflicto con una factible y realista solución global, que cumpla con los derechos de los afectados y que además sirva de revulsivo con las menguadas y precarias plantillas de los servicios públicos: justicia para los trabajadores y los ciudadanos.

Solidaridad Obrera SESCAM

Sección sindical de Solidaridad Obrera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).